martes, 02 de octubre de 2007
Así enchufa el PSOE a los suyos en el Ayuntamiento de Sevilla
El nepotismo es la preferencia que algunos gobernantes o funcionarios públicos tienen para dar gracias o empleos públicos a familiares o amigos.
El clientelismo político es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
¿Les suenan éstos términos?
Cada pueblo tiene lo que vota.
Monteseirín S.L., agencia de recolocación
Ser concejal en el Ayuntamiento de Sevilla no sólo es un honor para cualquier sevillano, también una garantía para acceder a un un cargo público discreto y bien remunerado tras abandonar la Casa Grande. Así ocurre al menos con el Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, a quién se le podrán reprochar muchos aspectos de su gestión, pero no que deje en la estacada a los suyos.
Habrá quien interprete que la larga relación de excolaboradores de Monteseirín recolocados en la administración no hace sino reforzar esa imagen bondadosa con la que con frecuencia se identifica al alcalde buenagente, pero en este caso no se trata tanto de una cuestión de generosidad como de una estrategia política. Una práctica, por otra parte, muy extendida históricamente en el PSOE, donde sus dirigentes valen tanto como el número de apoyos que puedan concitar en los órganos internos del partido.
Los hechos demuestran que para aquellos colaboradores que hayan tenido una gestión libre de polémicas, la reubicación es prácticamente inmediata: con tres administraciones controladas por un mismo partido, el abanico de posibilidades es muy amplio.
Los últimos ejemplos lo demuestran. Rafael Pineda, integrante del anterior gobierno municipal, quedó fuera de las listas del PSOE por su abierto enfrentamiento con Susana Díaz, pero su sacrificio no fue en vano, ya que hoy es gerente de Lipasam, lo que le garantiza un sueldo notablemente más elevado que en su etapa de concejal.
Un caso similar es el de Cristina Vega, que la pasada semana fue designada directora de la Agencia Local de la Energía. Vega contará además con un equipo de diez personas -al que hay que sumar un chófer-, todo un dispendio en una entidad que hasta ahora había funcionado maravillosamente con sólo dos personas en nómina.
Otras dos ex concejales, Victoria Martínez de Ocón y María Angeles Román, pasaron directamente del quedar excluidas de las listas socialistas a ser designadas como vocales en la nueva Oficina del Defensor del Ciudadano. Un cargo que no está dotado con sueldo, pero sí con dietas por asistencia a reuniones.
Más suerte ha tenido su compañero Antonio Rodríguez Galindo, para quien el Gobierno municipal ha recuperado ex profeso la figura de alcaide del Alcázar, antaño no remunerada y ahora dotada con casi 65.000 euros anuales. El elenco de ex concejales se completa con Gonzalo Crespo, incorporado a Mercasevilla, e Inmaculada Muñoz, gerente del Opaef, la entidad dependiente de la Diputación que gestiona el pago de tributos en los municipios que no disponen de servicio propio.
Una breve mirada al anterior mandato confirma que este afán reubicador no es de nuevo cuño. Cuatro años después de su salida del Ayuntamiento, Juan Carlos Raffo sigue al frente de una entelequia denominada Agencia de la Salud, de cuyo funcionamiento apenas hay constancias, y José Gallardo trabajó hasta su reciente jubilación como director general de Discapacitados en la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía
La salida profesional, por el contrario, se complica para aquellos dirigentes que se han visto envueltos en polémicas, aunque el tiempo juega a favor de los protagonistas. Así, Blas Ballesteros tuvo que abandonar las listas socialistas tras varios escándalos, pero su cuestionado historial no le ha impedido ser designado desde entonces vicepresidente de la Casa de la Provincia, presidente de la Fundación de Emasesa y ahora presidente de la Fundación De Sevilla. Por el contrario, nombres como Manuel Gómez Lobo o José Marín probablemente deban esperar a las sentencias judiciales de los casos en los que están imputados para conocer su futuro.
www.abc.es
El clientelismo político es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
¿Les suenan éstos términos?
Cada pueblo tiene lo que vota.
Monteseirín S.L., agencia de recolocación
Ser concejal en el Ayuntamiento de Sevilla no sólo es un honor para cualquier sevillano, también una garantía para acceder a un un cargo público discreto y bien remunerado tras abandonar la Casa Grande. Así ocurre al menos con el Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, a quién se le podrán reprochar muchos aspectos de su gestión, pero no que deje en la estacada a los suyos.
Habrá quien interprete que la larga relación de excolaboradores de Monteseirín recolocados en la administración no hace sino reforzar esa imagen bondadosa con la que con frecuencia se identifica al alcalde buenagente, pero en este caso no se trata tanto de una cuestión de generosidad como de una estrategia política. Una práctica, por otra parte, muy extendida históricamente en el PSOE, donde sus dirigentes valen tanto como el número de apoyos que puedan concitar en los órganos internos del partido.
Los hechos demuestran que para aquellos colaboradores que hayan tenido una gestión libre de polémicas, la reubicación es prácticamente inmediata: con tres administraciones controladas por un mismo partido, el abanico de posibilidades es muy amplio.
Los últimos ejemplos lo demuestran. Rafael Pineda, integrante del anterior gobierno municipal, quedó fuera de las listas del PSOE por su abierto enfrentamiento con Susana Díaz, pero su sacrificio no fue en vano, ya que hoy es gerente de Lipasam, lo que le garantiza un sueldo notablemente más elevado que en su etapa de concejal.
Un caso similar es el de Cristina Vega, que la pasada semana fue designada directora de la Agencia Local de la Energía. Vega contará además con un equipo de diez personas -al que hay que sumar un chófer-, todo un dispendio en una entidad que hasta ahora había funcionado maravillosamente con sólo dos personas en nómina.
Otras dos ex concejales, Victoria Martínez de Ocón y María Angeles Román, pasaron directamente del quedar excluidas de las listas socialistas a ser designadas como vocales en la nueva Oficina del Defensor del Ciudadano. Un cargo que no está dotado con sueldo, pero sí con dietas por asistencia a reuniones.
Más suerte ha tenido su compañero Antonio Rodríguez Galindo, para quien el Gobierno municipal ha recuperado ex profeso la figura de alcaide del Alcázar, antaño no remunerada y ahora dotada con casi 65.000 euros anuales. El elenco de ex concejales se completa con Gonzalo Crespo, incorporado a Mercasevilla, e Inmaculada Muñoz, gerente del Opaef, la entidad dependiente de la Diputación que gestiona el pago de tributos en los municipios que no disponen de servicio propio.
Una breve mirada al anterior mandato confirma que este afán reubicador no es de nuevo cuño. Cuatro años después de su salida del Ayuntamiento, Juan Carlos Raffo sigue al frente de una entelequia denominada Agencia de la Salud, de cuyo funcionamiento apenas hay constancias, y José Gallardo trabajó hasta su reciente jubilación como director general de Discapacitados en la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía
La salida profesional, por el contrario, se complica para aquellos dirigentes que se han visto envueltos en polémicas, aunque el tiempo juega a favor de los protagonistas. Así, Blas Ballesteros tuvo que abandonar las listas socialistas tras varios escándalos, pero su cuestionado historial no le ha impedido ser designado desde entonces vicepresidente de la Casa de la Provincia, presidente de la Fundación de Emasesa y ahora presidente de la Fundación De Sevilla. Por el contrario, nombres como Manuel Gómez Lobo o José Marín probablemente deban esperar a las sentencias judiciales de los casos en los que están imputados para conocer su futuro.
www.abc.es
