No es preciso esforzarse mucho para deducir lo que en un futuro inmediato hemos de ver, cuando las nuevas generaciones releven a la que hoy detenta el poder político y sea cual fuere el régimen que sobrevenga. La progresión progresista habida en tres décadas es indudable; y al contemplar la conducta de quienes hoy toman asiento en el Parlamento, y en los parlamentines, y la evidente decadencia de todo orden si comparamos con el pasado, ¿qué cabe esperar de lo que está por venir que no sea la estulticia y sus amistades? Visto que no se puede hacer nada, al menos de cara a un futuro inmediato, mejor que, siquiera por un momento, conjuremos el devenir fiando en el más puro azar.
Es ahora cuando empezamos a pagar las consecuencias de tantos años de irresponsabilidad, de haber asumido que la democracia era consenso y no disenso ajustado a leyes y a las normas cívicas, que sólo ocasionalmente respetaron los enemigos de la unidad de España. La democracia duró mientras hubo almacén con que nutrir las ambiciones más desmedidas de aquéllos cuyos comportamientos tanto distaban de ser democráticos, cuando no sórdida y abyectamente criminales. Nuestra fue la cesión, siempre unidireccional; porque no aceptar la corriente entreguista significaba adquirir el estigma de intolerante y acabar con el festivo y trágico recreo político, que así fue como aquí se malentendió siempre el llamado ‘juego democrático’: con “café para todos” se bautizó a la criatura caciquil-separatista. Qué progresistas hemos sido tantos de nosotros; quién lo diría. Y es que aunque entonces los izquierdistas despreciáramos a los progres, tampoco hicimos nada de mérito para oponernos a ellos pensando que ambos teníamos un ‘enemigo’ común. Nuestra minoritaria indiferencia hizo que su sectario excursionismo ideológico acabara devorándonos a todos. Y así, a día de hoy, en que todo abasto de la nación ha desaparecido, procede mantener el régimen entregando también la despensa. Zapatero es el individuo perfecto para esta faena. No perdamos pues el tiempo que ya no queda y demos por hecha la inútil y triste tarea de calificarla; cuanto más, obligados como estamos a improvisar en minutos navegando al capricho de un gobierno imprevisible.
Desde el final de la dictadura el avance del progresismo dentro del sector de medios de comunicación ha sido imparable. A día de hoy el dominio es aplastante. En televisión, el medio más influyente en la formación de la opinión pública, el dominio es total y absoluto, no habiendo ninguna cadena de ámbito nacional que no sea de ideario progresista. En la educación el cambio ha sido más lento, pero irreversible e implacable. En la universidad, el relevo, que luego acabaría en asalto, comenzó a percibirse a principios de los años setenta y se alcanzó el punto, que hoy por hoy podemos calificar de no retorno, en los ochenta, cuando miles de catedráticos fueron expulsados de las aulas al rebajar el gobierno socialista la edad de jubilación. Una vez que las plazas quedaron vacantes, los agregados –que en realidad fueron quienes presionaron al ejecutivo, pues gran número de los que formaban parte de él soñaban con las cátedras una vez dejaran sus cargos- ocuparon sus plazas, y desde el momento en que el relevo se dió por consumado, se volvió a subir la edad de jubilación, por aquello de la –quizá, digo yo- ‘justicia histórica’, tal y como hoy se hace cuando se utiliza la historia como arma ideológica y sectaria al hacerla inabordable, una vez que se violenta el conocimiento científico y riguroso con algo tan subjetivo como la memoria, como la mal llamada “memoria histórica”. En este caso ‘la justicia’ de los agregados allanó las cátedras, (unos sin concurso-oposición y otros con oposición ad hoc) quedando éstas de inmediato convertidas en pesebre y sacristía ideológica. A partir de ahí, el proceso de selección y adoctrinamiento de futuros profesores fue coser y cantar. Sirva como muestra del dominio que actualmente tiene la progresía en todos los escalones educativos la imposición que ha perpetrado el gobierno que hoy padecemos, al colocar con el mayor atrevimiento y con carácter obligatorio una asignatura tan doctrinaria como es la Educación para la Ciudadanía. Ni siquiera se toma la molestia de especifar su contenido, puesto que no se trata –curiosa asignatura- de adquirir nuevos conocimientos sino de orientar conductas; demostrando así lo seguro que está el gobierno socialista de que esa Educación para la Ciudadanía no tendrá una dirección ideológica contraria a los intereses del doctrinarismo progresista. Esa ausencia de contenido concreto y la seguridad del gobierno son fiel reflejo de la situación en la que se encuentra España en materia de democracia, en este caso en algo tan vital como la educación. Salvo en el mundo de la ficción yo no veo posibilidad alguna de cambio en el mundo funcionarial educativo. ¿Cómo contrarrestar esta situación?
A mi modo de ver no hay otra solución que situarse al margen de toda oficialidad, construyendo una enseñanza o educación alternativa, porque incluso la enseñanza privada, generalmente católica, anda aquejada del mismo mal que la pública, amedrentada como está por los comisarios que de por vida se han instalado en el ministerio público o en las consejerías autónomas respectivas, y que dirigen inexorablemente el mundo educativo sea cual sea el color del gobierno de la nación o del gobierno regional.
Gran parte de las transferencias habidas desde el gobierno central, entre ellas la de educación, y mucho antes la famosa Ley de Autonomía Universitaria, fueron debidas a que aquel gobierno de pura transición se encontraba incapaz de dominar lo que tiempo atrás ya había sido asaltado por la base del funcionariado docente. Cediendo esa competencia se quitaba el problema de encima y lo transfería a la sociedad, y junto con el cuerpo normativo se deshacía también del funcionario ideólogo y su acoso permanente, transfiriendo este desgaste –en algunas regiones cabe hablar de auténtico miedo- a todos aquellos padres que discrepaban pero no se atrevían a disentir con el ideario nunca escrito pero sí reinante, y por eso mismo omnipresente, en los colegios públicos que la administración imponía a sus hijos. Cuando en los institutos y escuelas no había una línea ideológica tan marcada como la actual, lo que los padres barruntaban que podría venir era todavía más temible: la segregación por razón ideológica o lingüística. El temor los inmovilizó y el tiempo les dio la razón.
Han ganado los doctrinarios progresistas, sin duda. Han vencido los que han tolerado el sistema democrático mientras se les concedió parcelas de poder para uso exclusivo, en este caso proselitista. Una prueba: cuarenta y cinco millones de españoles y sólo una niña se ha negado a recibir la inmersión en el nuevo catecismo. Casi un mes más tarde la cifra de disidentes sobrepasa la escalofriante cifra de unos tres mil. Nadie negará esta ‘masiva firmeza’, fruto de la desorganización y del miedo a entregar a los propios hijos como rehenes en manos de profesores que en tantas regiones no mostraron el menor escrúpulo a la hora de marcar al discrepante; cuando no a justificar el asesinato como arma política. Por esto mismo tampoco olvidemos la vieja y artera violencia del que hoy es, triste es reconocerlo, más que adversario político.
Si la solución a todo el desvarío que envuelve la realidad política española pasa por lograr una amplia y holgada mayoría social dispuesta a hacer frente al desastre que se avecina, no veo otra solución que permanecer unidos en la resistencia y esperar la pudrición total del sistema y del régimen. Calcular una estrategia semejante conlleva unas dosis enormes de incertidumbre, dado que en períodos de crisis la gente, especialmente la que tiene conciencia de haber colaborado en el advenimiento del desastre, exige soluciones inmediatas a quienes ellos mismos colocaron en la encerrona. Sin embargo, ¿hay alguien capaz de hacer un mínimo cálculo de futuro que vislumbre una mínima seguridad siquiera verosímil?
Es ahora cuando empezamos a pagar las consecuencias de tantos años de irresponsabilidad, de haber asumido que la democracia era consenso y no disenso ajustado a leyes y a las normas cívicas, que sólo ocasionalmente respetaron los enemigos de la unidad de España. La democracia duró mientras hubo almacén con que nutrir las ambiciones más desmedidas de aquéllos cuyos comportamientos tanto distaban de ser democráticos, cuando no sórdida y abyectamente criminales. Nuestra fue la cesión, siempre unidireccional; porque no aceptar la corriente entreguista significaba adquirir el estigma de intolerante y acabar con el festivo y trágico recreo político, que así fue como aquí se malentendió siempre el llamado ‘juego democrático’: con “café para todos” se bautizó a la criatura caciquil-separatista. Qué progresistas hemos sido tantos de nosotros; quién lo diría. Y es que aunque entonces los izquierdistas despreciáramos a los progres, tampoco hicimos nada de mérito para oponernos a ellos pensando que ambos teníamos un ‘enemigo’ común. Nuestra minoritaria indiferencia hizo que su sectario excursionismo ideológico acabara devorándonos a todos. Y así, a día de hoy, en que todo abasto de la nación ha desaparecido, procede mantener el régimen entregando también la despensa. Zapatero es el individuo perfecto para esta faena. No perdamos pues el tiempo que ya no queda y demos por hecha la inútil y triste tarea de calificarla; cuanto más, obligados como estamos a improvisar en minutos navegando al capricho de un gobierno imprevisible.
Desde el final de la dictadura el avance del progresismo dentro del sector de medios de comunicación ha sido imparable. A día de hoy el dominio es aplastante. En televisión, el medio más influyente en la formación de la opinión pública, el dominio es total y absoluto, no habiendo ninguna cadena de ámbito nacional que no sea de ideario progresista. En la educación el cambio ha sido más lento, pero irreversible e implacable. En la universidad, el relevo, que luego acabaría en asalto, comenzó a percibirse a principios de los años setenta y se alcanzó el punto, que hoy por hoy podemos calificar de no retorno, en los ochenta, cuando miles de catedráticos fueron expulsados de las aulas al rebajar el gobierno socialista la edad de jubilación. Una vez que las plazas quedaron vacantes, los agregados –que en realidad fueron quienes presionaron al ejecutivo, pues gran número de los que formaban parte de él soñaban con las cátedras una vez dejaran sus cargos- ocuparon sus plazas, y desde el momento en que el relevo se dió por consumado, se volvió a subir la edad de jubilación, por aquello de la –quizá, digo yo- ‘justicia histórica’, tal y como hoy se hace cuando se utiliza la historia como arma ideológica y sectaria al hacerla inabordable, una vez que se violenta el conocimiento científico y riguroso con algo tan subjetivo como la memoria, como la mal llamada “memoria histórica”. En este caso ‘la justicia’ de los agregados allanó las cátedras, (unos sin concurso-oposición y otros con oposición ad hoc) quedando éstas de inmediato convertidas en pesebre y sacristía ideológica. A partir de ahí, el proceso de selección y adoctrinamiento de futuros profesores fue coser y cantar. Sirva como muestra del dominio que actualmente tiene la progresía en todos los escalones educativos la imposición que ha perpetrado el gobierno que hoy padecemos, al colocar con el mayor atrevimiento y con carácter obligatorio una asignatura tan doctrinaria como es la Educación para la Ciudadanía. Ni siquiera se toma la molestia de especifar su contenido, puesto que no se trata –curiosa asignatura- de adquirir nuevos conocimientos sino de orientar conductas; demostrando así lo seguro que está el gobierno socialista de que esa Educación para la Ciudadanía no tendrá una dirección ideológica contraria a los intereses del doctrinarismo progresista. Esa ausencia de contenido concreto y la seguridad del gobierno son fiel reflejo de la situación en la que se encuentra España en materia de democracia, en este caso en algo tan vital como la educación. Salvo en el mundo de la ficción yo no veo posibilidad alguna de cambio en el mundo funcionarial educativo. ¿Cómo contrarrestar esta situación?
A mi modo de ver no hay otra solución que situarse al margen de toda oficialidad, construyendo una enseñanza o educación alternativa, porque incluso la enseñanza privada, generalmente católica, anda aquejada del mismo mal que la pública, amedrentada como está por los comisarios que de por vida se han instalado en el ministerio público o en las consejerías autónomas respectivas, y que dirigen inexorablemente el mundo educativo sea cual sea el color del gobierno de la nación o del gobierno regional.
Gran parte de las transferencias habidas desde el gobierno central, entre ellas la de educación, y mucho antes la famosa Ley de Autonomía Universitaria, fueron debidas a que aquel gobierno de pura transición se encontraba incapaz de dominar lo que tiempo atrás ya había sido asaltado por la base del funcionariado docente. Cediendo esa competencia se quitaba el problema de encima y lo transfería a la sociedad, y junto con el cuerpo normativo se deshacía también del funcionario ideólogo y su acoso permanente, transfiriendo este desgaste –en algunas regiones cabe hablar de auténtico miedo- a todos aquellos padres que discrepaban pero no se atrevían a disentir con el ideario nunca escrito pero sí reinante, y por eso mismo omnipresente, en los colegios públicos que la administración imponía a sus hijos. Cuando en los institutos y escuelas no había una línea ideológica tan marcada como la actual, lo que los padres barruntaban que podría venir era todavía más temible: la segregación por razón ideológica o lingüística. El temor los inmovilizó y el tiempo les dio la razón.
Han ganado los doctrinarios progresistas, sin duda. Han vencido los que han tolerado el sistema democrático mientras se les concedió parcelas de poder para uso exclusivo, en este caso proselitista. Una prueba: cuarenta y cinco millones de españoles y sólo una niña se ha negado a recibir la inmersión en el nuevo catecismo. Casi un mes más tarde la cifra de disidentes sobrepasa la escalofriante cifra de unos tres mil. Nadie negará esta ‘masiva firmeza’, fruto de la desorganización y del miedo a entregar a los propios hijos como rehenes en manos de profesores que en tantas regiones no mostraron el menor escrúpulo a la hora de marcar al discrepante; cuando no a justificar el asesinato como arma política. Por esto mismo tampoco olvidemos la vieja y artera violencia del que hoy es, triste es reconocerlo, más que adversario político.
Si la solución a todo el desvarío que envuelve la realidad política española pasa por lograr una amplia y holgada mayoría social dispuesta a hacer frente al desastre que se avecina, no veo otra solución que permanecer unidos en la resistencia y esperar la pudrición total del sistema y del régimen. Calcular una estrategia semejante conlleva unas dosis enormes de incertidumbre, dado que en períodos de crisis la gente, especialmente la que tiene conciencia de haber colaborado en el advenimiento del desastre, exige soluciones inmediatas a quienes ellos mismos colocaron en la encerrona. Sin embargo, ¿hay alguien capaz de hacer un mínimo cálculo de futuro que vislumbre una mínima seguridad siquiera verosímil?